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España cerró el año 2017 como el mercado de referencia para el desarrollo de las nuevas infraestructuras de fibra óptica
hasta el hogar (FTTH) en Europa, siendo el tercer país de la OCDE después de Japón y Corea en penetración. España estaba en 2008 en
la posición 14 de Europa en cuanto a penetración de fibra óptica, pero después del esfuerzo inversor hecho principalmente por
Telefónica durante la crisis económica, nos convertimos desde 2014 en los líderes.
En su informe de previsiones para el ejercicio de 2018, Morgan Stanley destacaba que Telefónica cubría ya el 75% de los hogares españoles con su red de fibra, por delante del 35% de Orange en Francia, el 5% de Deustche Telecom en Alemania o el 2% de BT en Reino Unido. José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, ha destacado en diversas ocasiones que "España tiene más hogares con fibra que Alemania, Reino Unido, Francia e Italia juntas". Además, aunque Telefónica ha sido la que ha dado el empujón necesario, al final el mérito no es sólo de ella, Orange tiene más fibra en España que en Francia y Vodafone tiene más fibra y cable en España que en Reino Unido.
En febrero de 2016, Telefónica creó Telxius, una compañía global que agrupaba varios de sus activos de infraestructura, como antenas de telecomunicaciones y cables de fibra óptica submarina. Entre octubre y noviembre de 2017, Telefónica vendió el 40% de Telxius al fondo KKR. Poco después, en julio de 2018, comenzaron a expandirse las noticias de que Telefónica estaba meditando vender su red de fibra en España. Sin embargo, a los pocos días, el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, negó la intención de venderla en su totalidad o en parte, es más, es considerada uno de los principales activos diferenciales clave.
De dar este paso, Telefónica de nuevo sería uno de los pioneros en crear operadores neutros en acceso de fibra óptica y, expandir así, la compartición de infraestructura entre operadores. Aunque podría pensarse que esto le restaría capacidad competitiva, en realidad, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó en febrero 2016 la regulación donde impuso a Telefónica la obligación de prestar el servicio mayorista de acceso virtual a su red de fibra a otras operadoras. Además, la venta de estos activos supondría una importante ayuda a la reducción de la deuda de Telefónica y a la revalorización de su castigado valor en bolsa. En septiembre de 2018 las acciones de Telefónica marcaron el mínimo desde octubre de 2002, es decir, se ha llegado a un nivel de desconfianza del mercado similar al de la crisis de la burbuja de las "punto-com".
Sin lugar a dudas, este movimiento de externalización penalizaría la inversión global en infraestructura en España e incluso podría monopolizar el control de activos críticos para la economía y seguridad del país en manos extranjeras. También reduciría los empleos en el sector, tanto en las operadoras como en los suministradores. Sin embargo, al final, por desgracia, es lo que están incentivando los reguladores europeos y, aunque Telefónica no contemple actualmente esta posibilidad, si persiste la presión regulatoria junto a la desconfianza de los inversores en las posibilidades de su reducción de deuda, lo que a día es un mero rumor se acabará convirtiendo en una realidad.
