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La injusta tasa de la televisión pública sobre las telecos

Autor: Ramón Jesús Millán Tejedor

Publicado en BIT nº 186, COIT & AEIT, 2011

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Carta de ajuste de TVEEn un momento donde el Gobierno español, para reducir la creciente deuda pública, ha decidido privatizar algunas empresas que parecían “intocables”, algunas de ellas con sólidos beneficios y perspectivas de futuro, me sigo preguntando: ¿Por qué no privatizar las televisiones públicas?¿Es necesario mantener dos canales de televisión públicos estatales y trece autonómicos?...

Todos los Gobiernos, independientemente de su ideología, sienten un especial “cariño” por la televisión pública y la importancia de estos entes se refrendó con la Ley General del sector audiovisual español (Ley 7/2010), en la que además se estableció un nuevo y controvertido sistema de financiación. En concreto, se eliminó la publicidad, con la cual se ingresaron 661 millones de euros en 2009 y 901 millones de euros en 2008. La medida no parece tener, por lo tanto, fundamentos económicos; pero sí que podría ayudar a aumentar los niveles de audiencia y el nivel de satisfacción de los espectadores, favoreciendo así la misión por la que realmente creo que se sustenta este servicio: “influenciar” en la opinión pública.

Para paliar la supresión de la publicidad, entre otras nuevas tasas a otros agentes de la industria audiovisual, el Gobierno decidió imponer a los operadores de telecomunicaciones el 0,9% sobre sus ingresos totales brutos. Es decir, esta medida perjudica a un sector con una grandísima contribución al desarrollo económico y social de España, como ponen de manifiesto los informes de Redtel. Estos recursos podrían ser utilizados para mejorar la capilaridad y calidad de sus infraestructuras de telecomunicaciones, invertir en nuevos servicios y contenidos, invertir en start-up tecnológicas, etc. Es una “losa” a un sector estratégico ya de por sí maltratado, pues las operadoras soportan unas cargas fiscales muy superiores –de alrededor del 6-7% según datos de Redtel- a muchos otros sectores estratégicos (energía, financiero, etc.), entre impuestos, licencias, tasa de ocupación de espectro, mantenimiento de un servicio universal, conservación de datos, etc. Además, al final, estas tasas siempre las acaban pagando los usuarios y los proveedores. La propia Comisión Europea considera que este modelo de financiación es contrario a la legislación europea.

Según datos de Deloitte, las televisiones públicas perdieron en el año 2009 la friolera cifra de 772 millones de euros y recibieron 1.362 de euros en subvenciones. Esto supone un coste por hogar de 187 euros, de los que 126 euros corresponden a las televisiones autonómicas. Es decir, los contribuyentes estamos financiando entes que no aportan ningún valor en el sector audiovisual en el panorama actual. Hoy en día existen varias cadenas privadas que se pueden disfrutar en abierto a través de la TDT (Televisión Digital Terrestre). Es más, gracias a Internet, se pueden ver en abierto y de forma gratuita televisiones de todo el mundo, al igual que acceder a periódicos, canales de radio, etc. Además, la oferta en cuanto a programas de ocio y entretenimiento de la televisión pública es una réplica de las televisiones privadas, con las que traban encarnizadas luchas por la audiencia empleando como gancho la popular “telebasura” o bien, como critica Uteca (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas), sobrepujando por hacerse con contenidos de grandes eventos deportivos que las televisiones privadas pretenden retrasmitir en abierto sin coste algo para el contribuyente y las arcas públicas.

Para privatizar por completo las televisiones públicas, simplemente habría que establecer un servicio universal donde se obligue a todos los canales a emitir un cierto porcentaje de contenidos relacionados con el fomento de los valores constitucionales, la cultura, el arte, el conocimiento, la diversidad cultural y lingŁística de España y de la Unión Europea, etc. La gestión privada ha demostrado sobradamente una mejor y más eficiente gestión de los recursos y una mayor capacidad de reducción de costes. Es completamente injusto que los contribuyentes y la industria de telecomunicaciones tengan que mantener un servicio innecesario, sobre todo en el momento en el que nos encontramos.


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